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Un respiro en medio del caos político. La Organización de los Estados Americanos acordó enviar a Perú un “grupo de alto nivel” para analizar la situación política que atraviesa el país. La resolución se enmarca como un logro para el presidente peruano Pedro Castillo que había solicitado activar la Carta Democrática Interamericana, un mecanismo para "preservar la democracia”.
Se trataba de un as bajo la manga del mandatario que se ve comprometido nuevamente su permanencia en el cargo luego de que la fiscal general, Patricia Benavides, interpusiera una demanda constitucional en su contra por presuntamente dirigir una “red criminal”.
En ese contexto, Castillo había señalado que la democracia en su país estaba comprometida y que el Ministerio Público estaba implementando "una nueva modalidad de golpe de Estado".
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Ante el llamado del presidente, la OEA respondió tras una sesión extraordinaria celebrada por su Consejo Permanente este jueves.
“Hacemos nuestra la resolución del Consejo Permanente de @OEA_oficial y estamos a disposición para brindar apoyo y cooperación, a requerimiento del Gobierno del #Perú, mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno”, señaló Luis Almagro, secretario general de la Organización.
Por su parte, Castillo celebró la visita y en su cuenta de Twitter aseguró que: "El pueblo peruano ya no soporta más enfrentamientos políticos. Ni la politización de la justicia. Ni la judicialización de la política. Todos debemos iniciar un diálogo para un compromiso nacional, democrático y social que estabilice la democracia e imposibilite su alteración."
¿Qué factores llevaron a esta resolución?
El miércoles Castillo invocó el artículo 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana. El primero estipula que el presidente podrá “recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.
El segundo, por su parte, asegura que la Organización tiene la potestad de “adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento”.
Además, el mandatario pidió a la OEA que lidere un “un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales" en busca de "un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú".
El texto invocado por Perú fue adoptado en 2001 y buscaba consolidarse como una herramienta para los 20 países que reconocen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que hacen parte de la OEA.
Así, este jueves la Cancillería del país celebró la decisión asegurando que la Carta Democrática Interamericana es "el principal instrumento multilateral a nivel regional en materia de preservación y defensa de la democracia, que prevé mecanismos para promoverla y consolidarla, con pleno respeto al estado de derecho y el orden constitucional".
Castillo en el limbo desde la denuncia constitucional
No es la primera vez que Castillo se enfrenta a una crisis política. El presidente ha tenido constantes cambios de gabinete y ha superado dos pedidos de vacancia.
Pero los problemas para el mandatario están lejos de acabarse. El presidente tiene en curso seis investigaciones en la Fiscalía.
Ahora, Castillo ve su permanencia en el cargo amenazada desde la denuncia constitucional interpuesta por Benavides en la que aseguraba que el presidente había incurrido en actos de corrupción y que presuntamente lidera una red criminal.
Mientras que la Fiscalía ha señalado que tiene más de 190 pruebas en su contra, Castillo asegura que la denuncia es inconstitucional. Según la Constitución el presidente solo puede ser removido de su cargo por delitos de “traición a la patria” o que atenten contra la democracia.