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La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada y la Policía Nacional del Perú realizan un mega operativo simultáneo en la ciudad de Cusco y Abancay, como parte de la investigación contra la organización criminal 'Los Chavelos' que involucra a funcionarios del poder Judicial de Abancay y a los hermanos Jorge Martín y Frank Aníbal Chávez Sotelo, acusados de beneficiar ilícitamente a la comunidad campesina de Huancuire en procesos legales contra el Estado y la minera Las Bambas.
En Cusco se allana una vivienda ubicada en el distrito de San Sebastián, que pertenecería a Javier Ochoa Núñez, dirigente de la comunidad campesina de Huancuire. Mientras que la capital de Apurímac se allanaron ocho inmuebles pertenecientes a los hermanos Chávez Sotelo, así como a diversos secretarios, especialistas legales y asistentes judiciales del Poder Judicial de Abancay.
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Tesis de la fiscalía
Según la tesis de la Fiscalía, funcionarios del Poder Judicial de Abancay habrían sido captados por los hermanos Chávez Sotelo y actuaban como el brazo legal de la organización. A cambio de dinero, declaraban fundados los recursos legales presentados por los Chávez Sotelo en su condición de abogados de la comunidad campesina de Huancuire.
Por esta razón, se les imputa los delitos de Organización Criminal, Corrupción de Funcionarios-Corrupción Pasiva de Auxiliares Jurisdiccionales y Cohecho Activo Especifico.
Coordinación con operadores judiciales
La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Abancay-Apurímac obtuvo diversas comunicaciones que revelan cómo los investigados coordinaban con los operadores judiciales el favorecimiento en sus procesos, así como los pagos ilegales como retribución.
Los hermanos Chávez Sotelo ya estuvieron en prisión el año 2019 por promover prácticas extorsivas, así como violencia, el bloqueo del corredor minero y enfrentamientos con la Policía, mientras fungían como “asesores legales” de las comunidades campesinas ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.
Aunque la Fiscalía lo solicitó, la autoridad judicial no autorizó la detención preliminar de los investigados, sino solo el allanamiento y registro domiciliario. El Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria rechazó el pedido de detención preliminar bajo el argumento de que no existe peligro de fuga y de obstaculización de la prueba, pese a que los investigados podrán seguir laborando al interior de la Corte y en las mismas salas donde se habrían desarrollado los actos ilícitos, lo que les posibilitaría eliminar cualquier documento incriminatorio.
Además de los domicilios de los hermanos Chávez Sotelo y del dirigente Ochoa Núñez, fueron allanadas las viviendas de los secretarios del Poder Judicial de Abancay: Ebert de la Vega Chirinos, Karin Edith León Martínez, Luis Alberto Rojas Vargas y Alan Vásquez Huillca.