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Colombia podría exigir a las empresas mineras que obtengan licencias ambientales para la exploración a fin de proteger el medio ambiente, aumentar el control estatal y evitar conflictos entre las comunidades y las empresas extractivas, dijo el jueves el ministro de Medio Ambiente.
Los comentarios de la ministra Susana Muhamad durante una conferencia minera en Cartagena se producen cuando las empresas extractivas hacen sonar la alarma sobre una propuesta de reforma fiscal de $ 5.6 mil millones que, según dicen, afectaría negativamente a la industria.Colombia actualmente solo requiere permisos ambientales para proyectos en las fases de explotación y producción
“Creo que debemos otorgar una licencia ambiental para la exploración… porque también hay muchos conflictos y una falta de control sobre los procesos de exploración minera”, dijo Muhamad.
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E“so ayudaría a que la exploración se afiance de mejor manera, puede haber mecanismos de diálogo y regulación y trabajo conjunto entre el gobierno, las empresas y las comunidades”, dijo.
Otro proceso de concesión de licencias ralentizaría la ya lenta concesión de permisos, dijo una fuente de la industria, y presentaría un nuevo obstáculo para la exploración de minerales como el cobre, clave para la transición a las energías renovables pregonada por el presidente izquierdista Gustavo Petro.
“Los proyectos de exploración tienen un período de entre ocho y 18 años durante los cuales las empresas invierten millones en recursos sin ninguna certeza de encontrar un yacimiento”, dijo la fuente a Reuters . “Una licencia ambiental extendería esos plazos y desincentivaría inversiones clave”.
El gobierno no está en contra de la minería, pero sí quiere que se lleve a cabo de manera estratégica, dijo en la conferencia la ministra de minas y energía, Irene Vélez.
Su ministerio inició un proceso de reorganización en un intento por aclarar las leyes existentes y revisar un código minero vigente desde el 2001, indicó.
La reforma fiscal de 25 billones de pesos, destinada a financiar ambiciosos programas sociales, gravaría con un impuesto del 10% los ingresos obtenidos cuando se exportan carbón y petróleo a precios que excedan un cierto umbral, aunque es posible que se retire una oferta para incluir las exportaciones de oro.
El umbral para el petróleo sería de $48 por barril, mientras que las exportaciones de carbón verían gravado el impuesto cuando los precios superen los $87 por tonelada.